Al PP le preocupa especialmente que el Gobierno catalán tenga sus propios servicios de inteligencia. Si recurrimos a una de las brillantes definiciones que José Antonio Marina describe en su libro “La inteligencia fracasada”, vemos que la principal función de la inteligencia es salir bien parados de la situación en la que nos podemos encontrar, y el fracaso de la inteligencia aparece cuando alguien se empeña en negar la evidencia. Ni quieren que salgamos bien parados del proceso de independencia, y niegan la evidencia del espionaje sobre este proceso.
La creación de un CNI catalán les preocupa. Ya a finales del 2013 cargaron contra el Cesicat tachándolo de haber derivado hacia el espionaje pseudopolicial y de dedicarse al espionaje de abogados, periodistas y medios de comunicación. Claro no se dijo que para desvelar este posible espionaje del Cesicat, si se había espiado desde el CNI los proyectos y al propio Cesicat. Sépase que el CNI tiene una estación de espionaje en Barcelona, y esa sí que espía a los políticos catalanes y sus proyectos de independencia. Se calcula que el CNI tiene 150 agentes en Catalunya y que operan desde distintas sedes una en el cruce de Avda. Diagonal con Gran Vía de Carlos III, otras en el Gobierno Militar y la Residencia de Militares. Teóricamente estos agentes están para luchar contra los terroristas, las mafias y proteger la biotecnología de Catalunya.
Estos agentes debieran depender de un Ministerio, y no de la Presidencia del Gobierno que es partidista. Hoy toda la información de los servicios de Inteligencia pasa por Soraya Santamaría, que es del PP. Incluso las operaciones especiales, aunque estas se imputen y atribuyan a agencias de detectives, como el caso de Método 3 en el restaurante La Camarga.
Aquel embrión de CNI catalán fue denunciado por Albert Rivera en el Parlament. El presidente de Ciutadans, con documentos en la mano (un informe de 39 páginas), incluso habló de cifras de la futura Agencia Catalana de Espionaje. Lo curioso es que nadie le pregunto cómo había obtenido esa información. ¿Quién estaba espiando a quién?
¿Por qué, igual que algunos Lands alemanes, el estado catalán no podía tener sus propios servicios de inteligencia? En la actualidad los Mossos d´Esquadra para acceder a las bases de datos (DNI, permisos de armas, Interpol, registro de vehículos, etc.) tienen que hacerlo a través de una gestión en el Ministerio del Interior de Madrid.
En julio de 2016 el Gobierno catalán aprobaba el proyecto de ley para que se creara una nueva Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, que tiene que sustituir al actual Comité de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat). La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya dependería directamente de la consejería de la Presidencia, frente a la cuál esta Neus Munté, y estaría dotada con un presupuesto de 20,2 millones de euros adicionales, por lo que su total sería de 34,7 millones de euros entre los años 2016 y 2018. La Agencia debe tener una cúpula política que se reuniría semestralmente para establecer estrategias. Dicha cúpula estaría formada por el consejero de Presidencia, el consejero de Interior, el director general de los Mossos d´Esquadra, el director de la ANS, el secretario general de Presidencia, el secretario general de Administración y Función Pública y el director de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dirigido sus investigaciones no solo hacia la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, sino también hacia las empresas tecnológicas, de ciberseguridad o consultorías contratadas por la Generalitat para desarrollar los que ellos llaman servicios de espionaje.
El SIGC (Servicio de Información de la Guardia Civil) ha requerido información a un grupo de empresas, sobre los expedientes de sus contratos con la Generalitat. Aunque no se ha hecho público que empresas, es de suponer que al margen de las de Ciberseguridad y alguna Agencia de Detectives privados, estará la Caixa, Aguas de Barcelona, Albertis, Gas Natural, Grifols, Banc de Sabadell, etc.
La visita de Carles Puigdemont a Estados Unidos ha sido seguida con lupa por el CNI, como lo fue la visita de Artur Mas, ambos presentes en Massachusetts y buscando similitudes de este Estado americano con Catalunya, especialmente en cuanto a economía, conocimientos e innovación.
El requerimiento del SIGC a las empresas catalanas choca con la posibilidad de que algunas de estas empresas hubieran firmado contratos de exclusividad o confidencialidad. ¿Deben romper esa confidencialidad? ¿A quién deben lealtad?
La creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, se ha convertido en un dolor de cabeza migrañoso para el Gobierno del PP. Es evidente que no quieren que Catalunya se proteja a través del ciberseguridad del espionaje que pueda acosarla, que se proteja de la interceptación de comunicaciones y salvaguarde los sistemas de comunicación de la Generalitat. Quieren dominar ellos este ámbito porque saben que la información es poder. Les empieza a molestar que el Mossad y el BSI alemán se codeen con los Mossos d´Esquadra. Especialmente el Mossad que ve con simpatía la futura independencia de Catalunya y estaría gustoso de ofrecer sus servicios para la formación de agentes.
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